Se propone el fortalecimiento de la Institucionalidad de Vivienda y Desarrollo Urbano. Que el Estado restablezca sus capacidades institucionales como agente constructor de viviendas, a través de una empresa o un servicio de carácter nacional y descentralizado de construcción. Igualmente, que el Estado disponga en forma gratuita la propiedad fiscal, administrada hoy por el Ministerio de Bienes Nacionales, FFAA u otras reparticiones públicas, cuando sean necesarios para construcción de viviendas para familias socialmente vulnerables o clase media emergente, o para proyectos de integración social, sean ejecutados por el sector público o privado, o por cooperación público–privada. También, que el Estado incremente sus facultades para lograr incrementar el suelo disponible para vivienda, a través de la compra directa de suelo a privados o través de la expropiación en términos justos para el particular.

Se propone una política de Fomento del Empleo a través del Respaldo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas: formulando un Plan de Créditos Sociales para MIPYMES a una tasa 0%. También se propone un bono de un millón de pesos para los nuevos microempresarios y emprendedores (es decir, autoempleo). Asimismo, una Red Local de Inserción Laboral para Jóvenes, para que puedan realizar en forma rápida sus prácticas profesionales e insertarse en el mercado de trabajo, preferentemente en lugares próximos a su hogar, en empresas locales de acuerdo a cada territorio. Igualdad en el empleo: en este terreno, las desigualdades se vinculan con la aún débil integración de las mujeres al mercado laboral, el trabajo precarizado y menores salarios que los hombres ante igual labor.

Se hace mención que “en el Programa de Patricio Aylwin, elaborado cinco años después, en 1989, no se anuncia el fin del sistema de AFP, pero se plantean reformas de fondo: sostenemos que constituye un deber de primera prioridad el crear una amplia seguridad social solidaria. Para tal efecto resulta indispensable introducir mayores elementos de justicia al sistema actual”. Igualmente, se propone poner fin al actual sistema de capitalización individual para las pensiones y reemplazarlo por un nuevo sistema que garantice participación de los trabajadores y pensiones dignas en forma universal.